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¿Politica o manipulacion?

Intrusismo doble: politico y enfermero

Intrusismo doble: politico y enfermero Puntualizaciones de la OMC sobre la denominada “prescripción enfermera”

21 de diciembre de 2007. Para conceder la capacidad de prescripción a otras profesiones sanitarias sería necesario modificar varias leyes, ya que de no hacerlo así se desnaturalizaría la regulación contenida en la propia Ley del Medicamento y en la LOPS y se incurriría en una desviación del poder legislativo. Además, esta modificación de las leyes debe ir acompañada, con carácter obligatorio, de la delimitación de las competencias y funciones, así como de las consiguientes responsabilidades.


La concesión de la capacidad de prescripción a los profesionales de enfermería crearía dos tipos de asistencia sanitaria a los pacientes, lo que obligaría a delimitar qué clase de pacientes tienen derecho a una atención médica y cuáles no.

La entrada de un nuevo colectivo de profesionales con capacidad de prescribir lleva consigo el consiguiente aumento de la prescripción y, por consiguiente, del gasto farmacéutico; algo que no precisan ni el sector sanitario ni los propios pacientes, y es contrario a las campañas llevadas a cabo por el Ministerio de sanidad para racionalizar el gasto farmacéutico. Pero además originaría una desestructuración de la asistencia al ciudadano, sin delimitación jerárquica de responsabilidades, para el paciente y la calidad del servicio. ¿Qué criterio prevalecerá cuando haya desacuerdo en la prescripción de un medicamento, el criterio del médico o el del enfermero?

La defensa de la legalidad vigente, que reconoce a los médicos y odontólogos –en sus respectivas áreas de actuación- la capacidad de diagnosticar y prescribir, así como la responsabilidad de dichas actuaciones, se está viendo amenazada por presiones de otros grupos que no responden ni a una demanda social ni tienen en cuenta la seguridad de los pacientes, sino a intereses particulares.

Por todo ello, la OMC tiene la obligación de hacer llegar a la sociedad y a todas las instancias, su decidida defensa de la legalidad vigente en favor de la seguridad de los pacientes y su derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad igual para todos.

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